Ponen al descubierto “cartel de empresas de seguridad privada”; enjuiciarán a 16 directivos de 8 firmas

La Fiscalía General de la Nación anunció hoy la imputación de cargos a 16 directivos de ocho empresas de vigilancia y seguridad privada, como responsables de un “carrusel” a través del cual acaparaban los procesos licitarios adelantados por entidades gubernamentales, en una acción similar al promovido en Bogotá por el Grupo Nule.

Entre las empresas comprometidas en el ilícito figuran Centinel, Cobasec, Starcoop, Expertos, Gaurdianes, Sejarpi, Insevig y Segurity Management Group, las cuales se “cartelizaron” en 252 contrataciones públicas adelantadas ante 149 entidades estatales entre 2010 y 2012, según lo estableció la Fiscalía.

El ilícito fue descubierto en una investigación paralela adelantada entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación.

Al efecto, el Vicefiscal General Jorge Fernando Perdomo Torres indicó que como conclusión de las indagaciones, se tomó la decisión, en una primera fase, de imputar el delito de acuerdos restrictivos de la competencia a 16 personas naturales, que integraron la organización delictiva para engañar al Estado en los procesos licitatorios.

Añadió que la determinación se derivó de la actuación administrativa adelantada desde 2011 por la Superintendencia, que inicialmente puso en evidencia que varias empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, aparentemente competidoras entre sí, habrían realizado acuerdos (colusorios) para asegurar que una de las empresas pertenecientes al grupo concertado, resultara beneficiada en los procesos licitatorios en los que participaban.

Con ello –agregó–, afectaban a los oferentes que no hacían parte del acuerdo colusorio y también al Estado, que por tal motivo veía incrementado los precios de los servicios contratados, generando así un desequilibrio en el gasto público.

A su turno, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló que a partir de estas actuaciones “se formuló pliego de cargos contra 8 empresas del citado sector, como Centinel, Cobasec, Starcoop, Expertos, Gaurdianes, Sejarpi, Insevig y Segurity Management Group; que se cartelizaron en 252 contrataciones públicas adelantadas ante 149 entidades estatales entre 2010 y 2012”.

Tras la denuncia de la Superintendencia, la Fiscalía abrió investigación por estos hechos, en la que logró establecer que en procesos licitatorios adelantados en diversas entidades públicas del orden municipal, regional y nacional, entre ellas la Secretaría de Integración Social de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, el SENA regional Cundinamarca y la Gobernación del Meta, presuntamente se habrían realizado esos acuerdos colusorios, que terminaron alterando los procesos licitatorios de estas instituciones.

Al respecto, el Vicefiscal Perdomo manifestó que “se logró determinar que este presunto cartel no solo tiene un contenido ilícito para la actividad de la Superintendencia, sino que también tiene o puede tener una connotación de carácter penal. Es decir, aquí, en este presunto cartel se cometieron delitos, se pudieron haber cometido delitos”.

Agregó que “el delito que la Fiscalía ha identificado como posible a imputar en estas actividades es el delito consagrado en el artículo 410ª del Código Penal, que se denomina acuerdos restrictivos de la competencia y que tiene una pena privativa de la libertad entre 6 y 12 años”.

Así, dentro de las hipótesis delictivas de la Fiscalía se tiene que las empresas de seguridad, quienes dentro de los diversos procesos licitatorios figuraban como competidoras, al parecer habrían acordado previamente los términos y la forma como intervendrían para que cualquiera de aquellas resultara beneficiada con la adjudicación de los contratos estatales correspondientes. Ello se evidenciaría, entre otras, en la uniformidad de las observaciones y objeciones que se proponían en los pliegos de condiciones, las que en últimas estaban orientadas a favorecer a alguna de las empresas que hacia parte del acuerdo.

La solicitud de imputación para algunos representantes legales, gerentes o asesores comerciales de las citadas empresas de vigilancia será presentada el día de hoy ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

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MI CURILLO
28 de Enero de 2015
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