Justicia: 58 días de paro y recibieron el sueldo


Los trabajadores de la Rama Judicial se mantiene formes en la protesta hasta que el Gobierno escuche sus peticiones.
Los trabajadores de la Rama Judicial del Caquetá, quienes se encuentran en cese de actividades desde hace 58 días, recibieron el salario y prestaciones sociales del mes de noviembre.

La cancelación de los salarios se dio pese al anuncio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de no cancelar los sueldos, la investigación que abrió la Fiscalía a la directora Ejecutiva de Administración Judicial, Celinea Oróstegui de Jiménez, por haberles pagado e incluso desatendiendo un memorando de la Contraloría General.

“Mientras persista el cese de actividades -que cada vez es más reducido porque nuevos Distritos se vienen reintegrando a las labores-, no habrá lugar al reconocimiento de las prestaciones salariales, salvo que se haga posible la normal prestación del servicio y se realicen acuerdos sobre reposición del tiempo dejado de trabajar”, señaló la Sala.


Acercamientos fallidos

Jesús María Charry, presidente de Asonal en Florencia, indicó que el paro se mantiene fuerte y pese a las negativas del Estado, los trabajadores no darán un paso atrás en la lucha para lograr sus requerimientos. También están dispuestos a asumir las consecuencias que de ello se deriven.

Después de tres acercamientos fallidos, el primero cumplido el 14 de noviembre, los siguientes ha sido espontáneos, alrededor de una hora por cada conversación, porque el gobierno ha manifestado no tener más tiempo para los sindicalistas. Mientras tanto los trabajadores judiciales creen que la responsabilidad recae en las decisiones del Gobierno Nacional.

“Es lamentable que la justicia no merezca la atención suficiente para configurar la problemática. Esperamos que cuando decidan atendernos, estaremos dispuestos” comentó el líder del sindicato.

Y para justificar la veracidad de la decisión, Charry, manifestó que las bases judiciales han entendido que el paro avanza hasta el próximo año, debido a la paciencia con al que han esperado al Gobierno para que se siente a negociar con las directivas.

“No vamos a dar un brazo a torcer, ni un paso atrás para nada. Creemos que nuestros derechos están ahí y que el Gobierno tiene la obligación de salir a finiquitar la problemática, porque 22 años de espera han sido suficientes y no queremos saber más de la forma discriminatoria en que nos han tratado” precisó.

Sobre los puntos en negociación

En este momento el punto más álgido de la negociación se centra en la conversión de la bonificación que en el año 2012 recibieron los trabajadores judiciales y que ahora ellos solicitan que debe ser parte integral de sus salarios, pese a que el Gobierno ha señalado que no hay recursos para eso, los trabajadores consideran que la olla aún no está raspada del todo y que siempre aparecen recurso. Es una bonificación que reciben la mayoría de los trabajadores judiciales incluido los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación.

Los que asumen las consecuencias

La peor parte del paro judicial recae sobre el usuario y la sociedad que acude a la administración de justicia, hecho que es lamentable, porque se han dejado de recibir multitudes de tutelas y solitudes de libertad a través del Habeas Corpus.

Pese a lo anterior, en este momento la prioridad de los trabajadores de la rama, está en que la administración de justicia tenga los recursos necesarios para operar, que haya infraestructura suficiente de despachos judiciales que atiendan los requerimientos y ser eficientes tal y como los exige la ciudadanía.


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EL LIDER
12 de Diciembre de 2014
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