Piden a comunidades que denuncien el denominado ‘Impuesto de Guerra’ como extorsión
El evento fue presidido por el coronel Rubiel Enrique Pérez, comandante del Comando Específico del Caguán, quien con el apoyo del Grupo Asesor del Comandante, GAC, realizó una masiva convocatoria entre los principales líderes comunales, sociales, políticos, educativos y comerciantes de San Vicente.
También participaron el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, Eduardo Moya Contreras; el procurador judicial, Manuel Jaimes Quintero, el fiscal José Lorduy y Martha Lizcano, delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.
Durante su intervención, Moya Contreras aseguró que fueron evidentes las millonarias sumas que, durante 10 años, han pagado los comerciantes locales bajo la creencia de que se trata de un Impuesto de Guerra; es decir, más allá de sentirse extorsionados, consideran que se trata de un aporte y están equivocados.
“Ningún comerciante debe prestarse para el pago de extorsión, ya sea por parte de la delincuencia común u organizada y la estrategia más certera para acabar con este flagelo es la unidad de todos los gremios y confiar en las fuerzas del Estado”.
Por su parte, los delegados de la Rama Judicial solicitaron a la población tener confianza en que la justicia realiza una tarea ardua e importante en la interrupción de acciones delictivas como la extorsión; sin embargo, se requiere el valor civil de la denuncia o, dado el caso, de poner en conocimiento de los investigadores el delito, sus víctimas y victimarios, de manera que se pueda acabar con este flagelo.
Finalmente el coronel Pérez dejó claro que es necesario erradicar la creencia de que el impuesto de guerra es legal, ya que no es más que una extorsión por parte de los grupos al margen de la ley. Por esta razón, solicitó a la població
También participaron el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, Eduardo Moya Contreras; el procurador judicial, Manuel Jaimes Quintero, el fiscal José Lorduy y Martha Lizcano, delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.
Durante su intervención, Moya Contreras aseguró que fueron evidentes las millonarias sumas que, durante 10 años, han pagado los comerciantes locales bajo la creencia de que se trata de un Impuesto de Guerra; es decir, más allá de sentirse extorsionados, consideran que se trata de un aporte y están equivocados.
“Ningún comerciante debe prestarse para el pago de extorsión, ya sea por parte de la delincuencia común u organizada y la estrategia más certera para acabar con este flagelo es la unidad de todos los gremios y confiar en las fuerzas del Estado”.
Por su parte, los delegados de la Rama Judicial solicitaron a la población tener confianza en que la justicia realiza una tarea ardua e importante en la interrupción de acciones delictivas como la extorsión; sin embargo, se requiere el valor civil de la denuncia o, dado el caso, de poner en conocimiento de los investigadores el delito, sus víctimas y victimarios, de manera que se pueda acabar con este flagelo.
Finalmente el coronel Pérez dejó claro que es necesario erradicar la creencia de que el impuesto de guerra es legal, ya que no es más que una extorsión por parte de los grupos al margen de la ley. Por esta razón, solicitó a la població
La información contenida en esta publicación es fuente Original de:
CAQUETÁ AL DIA
20 de Noviembre de 2014
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Piden a comunidades que denuncien el denominado ‘Impuesto de Guerra’ como extorsión
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